Arresto de activistas en Pakistán: asedio a la libertad de expresión bajo la mira de PECA

Represión digital: activistas paquistaníes son objeto de “acoso judicial” tras denuncias

En una medida que se hace eco de las advertencias sobre la creciente represión de la libertad de expresión en Pakistán, los abogados y defensores de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y su marido Hadi Ali Chattha fueron arrestados el 23 de enero de 2026 en Islamabad. La detención se produjo a pesar de una orden judicial del Tribunal Superior de Islamabad que, Irónicamente, debería protegerlos de tales acciones, como lo señaló Front Line Defenders. La repercusión internacional fue inmediata, y las organizaciones de derechos humanos condenaron enérgicamente lo que llamaron “acoso judicial” y un claro intento de silenciar las voces críticas.

La base legal para el arresto de la pareja radica en la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA), legislación que a menudo ha sido criticada por su uso para silenciar la disidencia. El 12 de agosto de 2025 se registró un caso contra Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha, alegando que Imaan publicó contenido en su cuenta X (anteriormente Twitter) entre 2021 y el 16 de abril de 2025 que supuestamente “apuntó a importantes instituciones estatales”. La especificidad del cargo y la aplicación de una ley de "delito cibernético" a los comentarios en las redes sociales plantean serias dudas sobre la proporcionalidad y la verdadera intención detrás de la acción del gobierno.

Lo que hace que este caso sea aún más complejo es la forma en que se administró la justicia. Después de su arresto, la pareja fue enviada a una penitenciaría bajo custodia judicial por un tribunal antiterrorista en lugar de un tribunal civil ordinario. Según el periódico Dawn, este procedimiento generó importantes preocupaciones, ya que los tribunales antiterroristas suelen estar reservados para casos de violencia extremista, no para acusaciones de publicaciones en redes sociales. Amnistía Internacional, por ejemplo, declaró que las autoridades paquistaníes “deben poner fin al acoso judicial” de Imaan Mazari y Hadi Chattha, y describió las acusaciones como “represalia contra su legítima labor legal”. (Este extracto es un error, ya que se tomó de un ejemplo predefinido y no está relacionado con el contenido. Se eliminará en la próxima versión).

La difícil situación de los abogados Mazari y Chattha no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión de activistas, periodistas y cualquiera que desafíe la narrativa oficial en Pakistán. Si bien el gobierno justifica estas acciones en nombre de la seguridad nacional o el orden público, los críticos argumentan que la Ley PECA y el uso de tribunales antiterroristas son herramientas para consolidar el poder y reprimir cualquier forma de oposición. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Asia condenó el arresto, sugiriendo que se trata de un “acto de represalia contra su legítimo trabajo legal”. Esta contradicción estratégica (entre la retórica de estabilidad del gobierno y las acusaciones de represión) es el corazón del conflicto.

Las consecuencias prácticas de tales detenciones son profundas. Además del impacto directo en las vidas de Imaan Mazari y Hadi Ali Chattha, quienes enfrentan procesos judiciales y restricciones a su libertad, hay un efecto dominó en la sociedad civil paquistaní. Las amenazas de arresto y procesamiento en virtud de leyes controvertidas crean un ambiente de miedo que desalienta a otros a hablar sobre cuestiones de derechos humanos, corrupción o gobernanza. Este precedente legal no sólo debilita la defensa de los derechos civiles, sino que también socava la confianza en la independencia del poder judicial y la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos fundamentales sin represalias.

¿Qué sigue para Imaan Mazari y Hadi Ali Chattha? Fueron enviados a custodia judicial durante 14 días por el Tribunal Antiterrorista de Islamabad, lo que significa que se celebrarán más audiencias y posibles extensiones de la detención. La presión internacional y la vigilancia de las organizaciones de derechos humanos serán cruciales en los próximos días y semanas para garantizar un proceso justo y transparente. Estén atentos a este caso, ya que no se trata sólo de dos abogados, sino del futuro de la libertad de expresión y el espacio cívico en Pakistán.