Nueva Ley de Influencers: ¿marco legal o poco más que fachada?

Entre avance legal y estancamiento regulatorio en el universo digital

El 6 de enero de 2026, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la Ley 15.325/26, un nuevo marco legal que busca regular la profesión “multimedia”, abarcando explícitamente la figura del influencer digital. La medida, presentada como un avance en la formalización de un sector en constante expansión, generó diversas reacciones, con expertos cuestionan su capacidad para promover cambios sustanciales en el escenario actual.

La ley define las actividades de creación, producción, captura y edición de contenidos como el núcleo de las rutinas de estos profesionales. Sin embargo, es necesario un análisis crítico: ¿qué cambios, de hecho, se producen en el intrincado ecosistema de la economía de la atención? La iniciativa surge después de años de debates e intentos de proporcionar un marco legal para una profesión que genera miles de millones e impacta a millones de consumidores, pero que opera en gran medida en una zona gris de derechos y deberes.

Históricamente, la ausencia de una regulación específica ha permitido que proliferen prácticas como la publicidad velada, las estafas digitales y los contratos predatorios. Los casos de personas influyentes que promocionan productos sin un sello de autenticidad o participan en esquemas piramidales financieros no son raros, lo que expone a los consumidores, a menudo jóvenes y vulnerables, a riesgos importantes. La Ley 15.325/26 parece, teóricamente, abordar estas lagunas, pero la cuestión central es su alcance y su poder de ejecución.

“La legislación regula el papel del 'profesional multimedia', como se llama en el texto al influencer, pero cambia muy poco”, afirmó un experto a Folha de S.Paulo.

La contradicción es estratégica y evidente: mientras el gobierno celebra la promulgación de la ley como un paso hacia la formalización y seguridad jurídica, la percepción del mercado y de los analistas apunta a una brecha entre la intención legislativa y la eficacia práctica. El texto, por ejemplo, no detalla directrices claras sobre la responsabilidad civil en casos de publicidad engañosa, ni establece órganos de control específicos ni sanciones estrictas para infracciones éticas y legales. Aún faltan disposiciones sobre la protección de datos personales y la regulación del trabajo infantil o adolescente en el entorno digital, una preocupación creciente para entidades como el Ministerio Público del Trabajo.

Las consecuencias de esta aparente fragilidad pueden ser profundas. Sin mecanismos de seguimiento y sanción más estrictos, la nueva ley corre el riesgo de convertirse en una formalidad burocrática, con poco impacto real en la protección del consumidor y en la garantía de los derechos laborales de los propios influencers. Los desarrollos esperados incluyen la necesidad de regulaciones complementarias, que especifiquen, por ejemplo, las condiciones de trabajo, la identificación obligatoria de los contenidos patrocinados y la responsabilidad de las plataformas digitales.

En los próximos meses, el sector observará atentamente si la Ley 15.325/26 inspirará la creación de nuevas regulaciones o si la autorregulación de la industria y las acciones de los organismos de protección al consumidor, como el CONAR, seguirán siendo las principales formas de mitigar los riesgos. Lo que se espera, y lo que Portal Cunho seguirá investigando, es si esta ley representará un verdadero punto de inflexión para la gobernanza del universo digital o simplemente un sello que poco altera las dinámicas de poder e influencia ya establecidas.